La Conferencia Episcopal Española
Al hilo de la campaña de la declaración de la Renta, la Conferencia
Episcopal Española ha realizado un suplemento de 16 páginas que se está
distribuyendo encartado en los diarios impresos. Se trata de un
argumentario para inducir a los contribuyentes a marcar con un aspa la
casilla de la Iglesia, de forma que, sin recargo alguno, reciba el 0,7%
de la cuota líquida que deba ingresar en Hacienda. Por si surgieran
dudas acerca de otra opción paralela, la que figura destinada a “otros
fines sociales”, el citado texto publicitario se emplea a fondo para
explicar que en realidad no es una alternativa, que pueden marcarse las
dos casillas e incluso que es recomendable hacerlo así, porque lo
destinado a “otros fines sociales” no se detrae de lo que resulte
asignado a la Iglesia y porque de esa otra asignación también llegan
fondos a organizaciones católicas como Cáritas o Manos Unidas.
El suplemento, conforme a lo esperable de una campaña publicitaria,
presenta el perfil más favorable de la Iglesia y evita cualquier
referencia a otras cuestiones de alto valor polémico, como el proyecto
para la reforma de la ley de salud reproductiva e interrupción
voluntaria del embarazo, que quiere sustituir la referencia a los plazos
legales vigentes por unos supuestos de los que desaparecerían las
malformaciones. De manera que se garantizaría el nacimiento de los fetos
malformados, aunque luego se encontraran sin las ayudas que otorgaba la
ley de dependencia que ahora se anulan. Tampoco los publicitarios del
encarte dejan rastro alguno del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE), que va a eliminar la asignatura de
Educación para la ciudadanía mientras asigna pleno valor académico a la
asignatura de Religión. Una propuesta que sigue las directrices de la
Conferencia Episcopal, aunque cuente con el rechazo del 70% de los
ciudadanos y solo un 27% a favor, según la encuesta de Metroscopia
publicada el domingo en EL PAÍS.
Llegados aquí, conviene recordar que fue el Gobierno socialista del
denostado presidente José Luis Rodríguez Zapatero el que elevó esa
atribución voluntaria de los contribuyentes del 0,5% al 0,7%, de modo
que la Conferencia Episcopal Española alcanzó sus últimos objetivos
económicos, según reconoció el profesor Fernando Giménez Barriocanal,
máximo responsable de las finanzas de la CEE. Esta adaptación figura en
un anexo al acuerdo sobre asuntos económicos entre el Estado Español y
la Santa Sede en forma de “Intercambio de notas entre la Nunciatura
Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación”, que se verificó el 22 de diciembre de 2006. El mencionado
acuerdo económico del que trae causa contiene una amplia enumeración de
exenciones y beneficios fiscales, que incluyen la contribución
territorial y urbana de sus inmuebles y la exención total y permanente
de los impuestos reales o del producto sobre la renta y sobre el
patrimonio, salvo en el caso de explotaciones económicas o de ganancias
del capital.
La única obligación que figura tanto en el protocolo adicional al
acuerdo como en el anexo del intercambio de notas antes mencionado es el
“compromiso de la Iglesia Católica de presentar una memoria
justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la
asignación tributaria”. La última de esas “memorias justificativas de
actividades” disponible es la correspondiente al ejercicio de 2010.
Nadie ha justificado la distancia temporal entre el momento del cobro,
que ascendió a 247,1 millones de euros, y el de la justificación de su
empleo. La memoria incluye entre la actividad litúrgica 349.820
bautizos, 280.654 primeras comuniones, 100.000 confirmaciones, 74.289
bodas, 309.458 exequias y más de 5.000.000 de eucaristías. Unas cifras
que, en relación con las del Instituto Nacional de Estadística para ese
mismo año, permiten señalar que la Iglesia bautizó al 72% de los
nacidos, hizo exequias al 84% de los muertos y casó al 43% de los
matrimonios.
Nada se dice del número de exorcismos, cuya demanda ha obligado al
cardenal Rouco a convocar nuevas plazas. Tampoco se contabiliza la
administración del sacramento de la penitencia, tan necesario, porque el
pecado contra el octavo mandamiento, “No hurtar”, solo se perdona si el
penitente cumple con la obligación de restituir lo robado, con las
consecuencias imaginables para la deuda pública y la prima de riesgo.
Por eso desalienta observar en los templos los confesionarios vacíos,
sin sacerdotes que los atiendan. En todo caso, donde el talento de los
publicitarios eclesiásticos alcanza el punto culminante es al advertir
que esa inmensa maquinaria de la Iglesia a cada euro invertido lo hace
rendir como 2,35. Es decir, que “presta casi el triple de servicios de
los que proporcionaría el mercado con el mismo dinero”. Continuará.
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